Archivo del autor Estudio Balestrini

TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO
Decreto 14/2020
DCTO-2020-14-APN-PTE – Dispónese incremento salarial mínimo y uniforme.
Ciudad de Buenos Aires, 03/01/2020

VISTO el EX-2020-00347216- -APN-DGDMT#MPYT, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 23.546 (t.o. 2004), 24.013 y sus modificatorias, 24.467 y sus modificatorias, 25.212 y sus modificatorias, 27.541 y el Decreto N° 34 de fecha 13 de diciembre de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que a través del Régimen de Convenciones Colectivas de Trabajo del Sector Privado, regulado por la Ley N° 14.250 (t.o.2004) y según el procedimiento establecido por la Ley N° 23.546 (t.o.2004), se llevaron adelante las negociaciones colectivas correspondientes al año 2019.

Que la crisis económica que atraviesa nuestro país ha deteriorado sensiblemente el poder adquisitivo de los salarios perjudicando a los trabajadores y a las trabajadoras, acentuando así aún más la grave situación social.

Que mediante el artículo 1° del Decreto N° 34/2019 se declaró la Emergencia Pública en materia ocupacional por el término de CIENTO OCHENTA (180) días a partir de la entrada en vigencia del mismo.

Que, asimismo, con fecha 21 de diciembre de 2019 se sancionó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública N° 27.541.

Que el inciso g) del artículo 2° de la mencionada Ley dispone, entre las bases de la delegación allí previstas, la de impulsar la recuperación de los salarios atendiendo a los sectores más vulnerados.

Que, por su parte, el inciso a) del artículo 58 de la mencionada Ley faculta al PODER EJECUTIVO NACIONAL a disponer en forma obligatoria que los empleadores del Sector Privado abonen a sus trabajadores y trabajadoras, incrementos salariales mínimos.

Que, asimismo, el artículo 8° de la citada Ley dispone un régimen de regularización de las obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

Que resulta urgente y necesario adoptar las medidas pertinentes para que, con la celeridad del caso, se mantengan los estándares adquisitivos de las remuneraciones acordadas oportunamente en el marco de las negociaciones colectivas.

Que en dicho contexto, resulta conveniente eximir a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del pago de las contribuciones patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino creado mediante Ley N° 24.241 y sus modificatorias, respecto del incremento salarial dispuesto en el presente Decreto y por un tiempo prudencial.

Que la presente medida en nada interfiere con los acuerdos salariales a los que podrán arribar el sector trabajador y empleador.

Que la Ley Nº 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN respecto de los decretos dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por el artículo 76 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que la citada Ley determina que la Comisión Bicameral Permanente tiene competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los decretos de delegación legislativa.

Que el artículo 22 de dicha norma dispone que las Cámaras se pronuncian mediante sendas resoluciones y que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso, conforme lo establecido en el artículo 82 de la Carta Magna.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL, ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 58 de la Ley N° 27.541 y el artículo 76 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Dispónese un incremento salarial mínimo y uniforme para todos los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia del Sector Privado, que ascenderá a la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000) que regirá desde el mes de enero de 2020 y, a partir del mes de febrero de ese año, se deberá adicionar a dicho incremento la suma de PESOS UN MIL ($1.000).

ARTÍCULO 2º.- El incremento previsto en el artículo 1° se ajustará a las siguientes reglas:

a. Deberá ser absorbido por las futuras negociaciones paritarias.

b. No deberá ser tenido en cuenta para el cálculo de ningún adicional salarial previsto en el convenio colectivo o en el contrato individual de trabajo, en tanto no sea pactado específicamente para este incremento, un criterio distinto mediante negociación colectiva.

c. Para facilitar el control por parte de los trabajadores y trabajadoras, deberá consignarse en el recibo de haberes, como un rubro independiente denominado “incremento solidario”.

d. Cuando la prestación de servicios fuere inferior a la jornada legal o convencional, los trabajadores y trabajadoras percibirán el incremento en forma proporcional, de acuerdo a las pautas del convenio colectivo aplicable o, supletoriamente, según las reglas generales contenidas en la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

ARTÍCULO 3°.- Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en los términos del artículo 2° de la Ley 24.467 y sus modificatorias y complementarias, que cuenten con Certificado MiPyME vigente, quedarán eximidas del pago de las contribuciones patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino creado mediante Ley N° 24.241 y sus modificatorias, con relación al incremento salarial resultante del artículo 1°, por el término de TRES (3) meses o el menor plazo en que tal incremento sea absorbido por las futuras negociaciones paritarias.

Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que no cuenten con su “Certificado MiPyME” vigente, podrán quedar incluidas en la eximición del pago prevista en el párrafo precedente siempre que lo obtuvieran dentro del plazo de SESENTA (60) días corridos, desde la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto.

Igual exención gozarán las entidades civiles sin fines de lucro.

ARTÍCULO 4°.- Quedan excluidos de la aplicación del presente Decreto los trabajadores y las trabajadoras del Sector Público Nacional, del Régimen de Trabajo Agrario y del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares. Sin perjuicio de ello, a través de la COMISIÓN NACIONAL DEL TRABAJO AGRARIO y de la COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO DE CASAS PARTICULARES, respectivamente, se evaluará la posibilidad de instrumentar medidas tendientes a contemplar la situación de dichos trabajadores y trabajadoras.

ARTÍCULO 5°.- Facúltase al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL como Autoridad de Aplicación a dictar las normas complementarias y aclaratorias del presente Decreto.

ARTÍCULO 6°.- La presente medida entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 7°.- Dése cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. FERNÁNDEZ – Santiago Andrés Cafiero – Claudio Omar Moroni

e. 04/01/2020 N° 426/20 v. 04/01/2020

Fecha de publicación 04/01/2020

Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina (www.boletinoficial.gob.ar).-

AGENCIA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS
Decreto 795/2019
DNU-2019-795-APN-PTE – Ley N° 25.764. Modificación.
Ciudad de Buenos Aires, 28/11/2019

VISTO el Expediente N° EX-2019-98527072- -APN-DGDYD#MJ, las Leyes Nros. 25.764 y 27.304, la Resolución N° 439 del 23 de abril de 2007 y su modificatoria N° 448 del 27 de abril de 2007, ambas del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley N° 25.764 se creó en el ámbito del entonces MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS el PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS destinado a la ejecución de las medidas que preserven la seguridad de testigos e imputados que se encontraren en una situación de peligro para su vida o integridad física, que hubieran colaborado de modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal relativa a los delitos allí previstos.

Que con la sanción de la Ley N° 27.304, el PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS ha registrado la incorporación de personas que brindaron información en investigaciones judiciales vinculadas a delitos que se habrían cometido en el ejercicio de la función pública en el ámbito del PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Que, además, el PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS busca generar confianza en la comunidad, garantizando el ánimo de colaboración con la administración de justicia, al brindarle una atención integral a las personas protegidas de forma tal que puedan reconstruir su proyecto de vida.

Que el cumplimiento de los objetivos del PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS demanda la instrumentación de políticas de estado coordinadas entre el PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN, el MINISTERIO PÚBLICO FISCAL y los diferentes organismos de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL con competencia especial en esta materia.

Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 22 de la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992), y sus modificatorias, compete al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros en orden a sus competencias, en las relaciones con el PODER JUDICIAL y con el MINISTERIO PÚBLICO, entre otras.

Que, en ese marco, debe tenerse en consideración que de conformidad con lo dispuesto en la referida Ley N° 25.764, el PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS actúa única y exclusivamente como auxiliar del sistema de justicia federal, por disposición del juez o tribunal a cargo de la causa con el consentimiento del magistrado del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL competente.

Que por su parte, en el inciso c) del artículo 9° de la Ley N° 25.764 se establece que el Director Nacional del PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS tiene la facultad de encomendar la ejecución de las medidas especiales de protección a las fuerzas de seguridad, policiales y servicio penitenciario.

Que según el artículo 22 bis de la citada Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992), y sus modificatorias, la dirección y coordinación de funciones y jurisdicciones de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Nacionales son competencia del MINISTERIO DE SEGURIDAD, siendo el SECRETARIO DE SEGURIDAD el responsable de su organización operativa, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Seguridad Interior N° 24.059 y sus modificatorias y por el apartado XV del Anexo II del Decreto N° 174 del 2 de marzo de 2018 y sus modificatorios.

Que transcurridos más de QUINCE (15) años de vigencia de la Ley N° 25.764 y, en especial, la experiencia recogida en los últimos años, sumado a los cambios legislativos y el impacto que han tenido en el PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS, se ha vuelto necesario efectuar un reordenamiento institucional orientado a fortalecer su accionar y garantizar las condiciones para su actuación independiente.

Que, de acuerdo a lo expuesto, corresponde conferir al actual PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS una nueva y superior institucionalidad que estará plasmada en la AGENCIA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS, que por este acto se crea con el carácter de ente autárquico dotado de autonomía funcional, que actuará en el ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

Que a fin de efectivizar la coordinación interinstitucional se hace necesario crear el CONSEJO CONSULTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS.

Que toda vez que los ingresos de testigos e imputados a dicha Agencia se dan por orden de la justicia federal corresponde invitar a presidir el CONSEJO CONSULTIVO al Presidente de la CÁMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL, en su carácter de tribunal superior del fuero penal federal y único órgano jurisdiccional en la materia con competencia territorial en todo el país. Asimismo, se invita a integrarlo al PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN o a un representante de la PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL. También formará parte del Consejo el SECRETARIO DE SEGURIDAD o un representante del MINISTERIO DE SEGURIDAD.

Que el CONSEJO CONSULTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS, conforme su reglamento, remitirá una propuesta de designación de Director Nacional de la Agencia al MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS quien la elevará a efectos de su designación al PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Que el Director Nacional de la AGENCIA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS tendrá autonomía de gestión y facultades para adoptar, bajo su exclusiva responsabilidad, las decisiones conducentes al cumplimiento de los objetivos funcionales de la mencionada Agencia.

Que corresponde transferir el cargo de Director Nacional, el personal y todos los bienes asignados al PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS al ámbito de la AGENCIA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS.

Que en ese marco, el JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, a propuesta del Director Nacional de la AGENCIA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS, aprobará su estructura organizativa y designará al personal que deba desempeñarse en ella.

Que hasta tanto se perfeccionen las modificaciones presupuestarias y se dicten los demás actos que permitan la plena operatividad de la AGENCIA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS, el Servicio Administrativo Financiero y el Servicio Jurídico Permanente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS prestarán los servicios relativos a la ejecución presupuestaria, contable, financiera, de compras, de recursos humanos, y en materia jurídica, respectivamente.

Que a fin de garantizar la prestación de las funciones a su cargo, el Director Nacional y el personal que actualmente se desempeña en el PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS, continuarán a cargo de sus responsabilidades mediante la prestación de sus servicios hasta tanto se efectivicen las designaciones definitivas en la AGENCIA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS.

Que a los efectos establecidos por el presente deben modificarse los artículos 1°, 5°, 8° y 10 de la Ley N° 25.764, incorporándose además diversas disposiciones a dicha ley.

Que la imperiosa necesidad de efectuar la reorganización proyectada configura una excepcional circunstancia que hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la CONSTITUCIÓN NACIONAL para la sanción de las leyes, toda vez que involucra cuestiones que afectan directamente a la preservación de la vida e integridad física y psicológica de las personas sometidas al cuidado del PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS, por lo que el PODER EJECUTIVO NACIONAL adopta la presente medida en ejercicio de las atribuciones conferidas por el inciso 3 del artículo 99 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que la Ley N° 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN respecto de los decretos de necesidad y urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por el citado artículo 99, inciso 3, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que de acuerdo a lo establecido por la citada ley la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE debe expedirse acerca de la validez o invalidez de los decretos de necesidad y urgencia, y elevar los respectivos dictámenes al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles.

Que ha tomado intervención el servicio permanente de asesoramiento jurídico competente.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 3, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el artículo 1° de la Ley N° 25.764, por el siguiente:

“ARTÍCULO 1º.- Créase la AGENCIA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS destinada a la ejecución de las medidas que preserven la seguridad de imputados y testigos que se encontraren en una situación de peligro para su vida o integridad física, que hubieran colaborado de modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal relativa a los delitos previstos por los artículos 142 bis y 170 del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN y lo previsto por la Ley N° 23.737 y sus modificatorias.

Sin perjuicio de ello, a requerimiento de la autoridad judicial, el Director Nacional de la AGENCIA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS podrá incluir fundadamente otros casos no previstos en el primer párrafo cuando se tratare de delitos vinculados con la delincuencia organizada o de violencia institucional y la trascendencia e interés político criminal de la investigación lo hagan aconsejable. Deberá informar al CONSEJO CONSULTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS las razones que justifican dicha decisión.”

ARTÍCULO 2°.- Incorpórase como artículo 1° bis de la Ley N° 25.764, el siguiente:

“ARTÍCULO 1° bis.- Créase el CONSEJO CONSULTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS.

Invítase a presidirlo al Presidente de la CÁMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL, y a integrarlo al PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN o un funcionario de la PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.

El SECRETARIO DE SEGURIDAD o un representante del MINISTERIO DE SEGURIDAD lo integrará. La participación en el Consejo no implicará remuneración adicional.”

ARTÍCULO 3°.- Incorpórase como artículo 1° ter de la Ley N° 25.764, el siguiente:

“ARTÍCULO 1° ter.- El MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS elevará al PODER EJECUTIVO NACIONAL una propuesta para la designación del Director Nacional de la AGENCIA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS. La mencionada propuesta será elaborada por el CONSEJO CONSULTIVO de la Agencia, de conformidad con el reglamento que a dicho efecto apruebe.”

ARTÍCULO 4°.- Incorpórase como artículo 1° quater de la Ley N° 25.764, el siguiente:

“ARTÍCULO 1° quater.- El CONSEJO CONSULTIVO creado en el artículo 1° bis se reunirá una vez por mes a efectos de que el Director Nacional de la AGENCIA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS informe sobre su funcionamiento. Quienes participen de dichas reuniones, estén presentes o conozcan de ellas deberán guardar absoluta reserva y confidencialidad.

El CONSEJO CONSULTIVO recibirá todas las observaciones que los testigos e imputados incluidos en el sistema de protección tengan que realizar, a los efectos de poder proponer e impulsar las modificaciones y mejoras en su funcionamiento. Sobre tales observaciones y la identidad de las personas, los sujetos referidos en el primer párrafo guardarán absoluta reserva y confidencialidad.”

ARTÍCULO 5º.- Sustitúyese el artículo 5° de la Ley N° 25.764, por el siguiente:

“ARTÍCULO 5º.- Las medidas especiales de protección, cuando las circunstancias lo permitan y lo hagan aconsejable, podrán consistir en:

a. La custodia personal o domiciliaria;

b. El alojamiento temporario en lugares reservados;

c. El cambio de domicilio;

d. El suministro de los medios económicos para alojamiento, transporte, alimentos, comunicación, atención sanitaria, mudanza, reinserción laboral, trámites, sistemas de seguridad, acondicionamiento de vivienda y demás gastos indispensables, dentro o fuera del país, mientras la persona beneficiaria se halle imposibilitada de obtenerlos por sus propios medios. La asistencia económica podrá otorgarse por SEIS (6) meses. Si existieren razones de seguridad debidamente fundadas que justifiquen extender dicho plazo, el Director Nacional de la AGENCIA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS podrá prorrogarlo sucesivamente hasta un máximo de VEINTICUATRO (24) meses. Excepcionalmente, y mediando solicitud debidamente fundada por parte del Director Nacional de la mencionada Agencia, el juez o tribunal de la causa podrán autorizar que la asistencia se extienda hasta los TREINTA Y SEIS (36) meses;

e. La asistencia para la gestión de trámites;

f. La asistencia para la reinserción laboral;

g. El suministro de documentación que acredite identidad bajo nombre supuesto a los fines de mantener en reserva la ubicación de la persona protegida y su grupo familiar.”

ARTÍCULO 6°.- Sustitúyese el artículo 8° de la Ley N° 25.764, por el siguiente:

“ARTÍCULO 8°.- La AGENCIA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS funcionará en el ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS con el carácter de ente autárquico dotado de autonomía funcional.

La Agencia será dirigida por un Director Nacional que tendrá autonomía de gestión y facultades para adoptar, bajo su exclusiva responsabilidad, las decisiones conducentes al cumplimiento de los objetivos funcionales de la Agencia.”

ARTÍCULO 7°.- Incorpórase como artículo 9° bis de la Ley N° 25.764 el siguiente:

“ARTÍCULO 9° bis.- Los funcionarios y demás agentes de la AGENCIA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS mantendrán bajo estricta reserva los legajos de los casos y sólo tendrán obligación de brindar información a las autoridades que intervengan en los procesos judiciales en los que se dispuso la protección de las personas.

La información vinculada con la aplicación de las medidas de protección tendrá carácter reservado, debiendo los funcionarios y empleados de los organismos administrativos y judiciales intervinientes guardar secreto. El deber de confidencialidad subsiste aun cuando cese su desempeño en la Agencia o en el organismo actuante.

El deber de confidencialidad se extiende a los datos relativos al honor, modo de vida e intereses privados de las personas incluidas, de los que los agentes públicos tomaren conocimiento en el ejercicio o en ocasión de sus funciones, y abarca a cualquier persona ajena a la AGENCIA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS que, por su oficio, profesión u ocupación, tuvieran acceso a la información referida a los casos que se tramitan bajo la órbita de la Agencia.”

ARTÍCULO 8°.- Sustitúyese el artículo 10 de la Ley N° 25.764, por el siguiente:

“ARTÍCULO 10.- Facúltase al Director Nacional de la AGENCIA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS a dictar los reglamentos que resulten necesarios para su funcionamiento, los que deberán contar con la opinión favorable del CONSEJO CONSULTIVO.”

ARTÍCULO 9°.- El JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, a propuesta del Director Nacional de la AGENCIA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS, aprobará su estructura organizativa y designará al personal que deba desempeñarse en ella.

ARTÍCULO 10.- El PODER EJECUTIVO NACIONAL deberá asignar a la AGENCIA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS los cargos de funcionarios y empleados de planta permanente y transitoria necesarios para su correcto funcionamiento conforme a la estructura aprobada.

ARTÍCULO 11.- Las funciones encomendadas a la AGENCIA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS estarán a cargo del Director Nacional y del personal que a la fecha del dictado del presente se desempeñen en el PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS, hasta tanto se efectivicen las designaciones en los cargos referidos en el artículo 10.

Asimismo, hasta tanto se perfeccionen las modificaciones presupuestarias y demás tareas que permitan la plena operatividad de la Agencia, el Servicio Administrativo Financiero y el Servicio Jurídico Permanente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS prestarán los servicios relativos a la ejecución presupuestaria, contable, financiera, de compras, de recursos humanos, y en materia jurídica, respectivamente.

ARTÍCULO 12.- Facúltase al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS para que, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 37 de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias, efectúe las reestructuraciones presupuestarias que resulten necesarias para atender el cumplimiento del presente hasta la aprobación del Presupuesto General para la ADMINISTRACIÓN NACIONAL correspondiente al Ejercicio siguiente a la fecha del presente acto.

ARTÍCULO 13.- Los recursos necesarios para atender el cumplimiento del presente serán incluidos en el Presupuesto General para la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, a partir del Ejercicio siguiente a la fecha del presente acto.

ARTÍCULO 14.- Transfiérese a la AGENCIA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS el cargo de Director Nacional, el personal y la totalidad de los bienes, activos, presupuesto vigente y patrimonio afectados al PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS.

ARTÍCULO 15.- Toda referencia normativa al PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS, su competencia o sus autoridades, respectivamente, se considerará hecha a la AGENCIA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS.

ARTÍCULO 16.- La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

ARTÍCULO 17.- Dése cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 18.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. MACRI – Marcos Peña – Rogelio Frigerio – Jorge Roberto Hernán Lacunza – Guillermo Javier Dietrich – Carolina Stanley – Alejandro Finocchiaro – Luis Miguel Etchevehere – Dante Sica – Jorge Marcelo Faurie – Oscar Raúl Aguad – Patricia Bullrich – Germán Carlos Garavano

e. 29/11/2019 N° 92591/19 v. 29/11/2019

Fecha de publicación 29/11/2019

Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina (www.boletinoficial.gob.ar)